Editorial por Gustavo González La historia argentina demuestra que cada intento de flexibilización laboral estuvo acompañado por aumento del desempleo, caída del salario real y deterioro de las condiciones de trabajo. Ocurrió durante la década del noventa, cuando las reformas impulsadas bajo el paradigma del libre mercado prometían inversiones y generación masiva de empleo que nunca llegaron en los niveles anunciados. Hoy, el escenario se repite con preocupante similitud. Mientras el Ejecutivo insiste en reducir costos laborales, el país enfrenta una caída sostenida del empleo asalariado formal. En paralelo, crecen el monotributismo forzado, la informalidad y las contrataciones temporarias que trasladan el riesgo económico exclusivamente a los trabajadores. La reforma laboral propuesta no discute cómo generar empleo genuino ni cómo fortalecer el entramado productivo nacional. Por el contrario, apunta a debilitar herramientas históricas del movimiento obrero como la negociación colectiva, la estabilidad laboral y la protección frente al despido arbitrario. El discurso oficial instala la idea de que los derechos laborales son el principal obstáculo para la inversión. Sin embargo, distintos estudios económicos señalan que los factores determinantes para la creación de empleo están vinculados al crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica y la expansión del mercado interno. Reducir derechos no genera empleo. Genera trabajadores más vulnerables. La Argentina atraviesa un momento crítico en el que el modelo laboral que se defina marcará el futuro de millones de trabajadores. El riesgo no es sólo económico. Es social y estructural. Porque cuando el trabajo pierde estabilidad, también se debilita la cohesión social.