En ese marco a través de un decreto que modificaría su presupuesto, reglamento y esquema de financiamiento. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo podría significar un golpe devastador para el ámbito científico y de investigación nacional, que ya ha sido severamente afectado por el programa de ajuste económico implementado por el actual gobierno. Según fuentes consultadas por Mundo Sindical, el plan del gobierno de Milei, liderado por Federico Sturzenegger, implica un desguace del CONICET y la eliminación de los gastos necesarios para su promoción y protección. Esta estrategia va en línea con la ideología de La Libertad Avanza (LLA), que considera que las responsabilidades de la investigación científica deben ser asumidas por el mercado y que las ciencias sociales no tienen relevancia en este proceso. El paquete de medidas que se prevé incluiría una drástica reducción de fondos destinados al CONICET, así como varias modificaciones en su esquema de financiamiento. Entre las propuestas se menciona la posible transferencia del organismo a la órbita de las provincias, lo que generaría aún más incertidumbre sobre su futuro. Además, se planea establecer un límite en los ingresos a la carrera de investigador y derogar el estatuto que regula esta carrera, lo que permitiría al Estado reducir las remuneraciones de los especialistas y habilitarles a mantener otras ocupaciones simultáneamente. El decreto también podría autorizar la fusión de entidades científicas como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), lo que desencadenaría una ola de despidos en el sector, con el objetivo de minimizar la planta de empleados. Esta situación se traduce en una amenaza real para la estabilidad laboral de numerosos investigadores y profesionales dedicados a la ciencia en Argentina. Además, se ha trascendido que el gobierno podría ordenar la eliminación de las ciencias sociales y humanas del CONICET, una medida que implicaría la suspensión total de los recursos destinados a investigaciones en estas áreas, que representan cerca del 25% del financiamiento del organismo. Esta decisión no solo afectaría a los investigadores en ciencias sociales, sino que también socavaría la comprensión crítica de la realidad social y la generación de políticas públicas informadas. El panorama que se dibuja es desolador. La comunidad científica y académica está en pie de guerra, alertando sobre las consecuencias devastadoras de estas políticas en un país que necesita más que nunca de la investigación y el conocimiento para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. A su vez La defensa del CONICET y la inversión en ciencia son fundamentales para el desarrollo sostenido de Argentina, y la respuesta de la sociedad civil será crucial para frenar este avance del desmantelamiento.