En ese marco la denuncia se basa en la supuesta violación por parte del Estado Nacional de derechos consagrados en convenios internacionales, específicamente los Convenios N.º 87 sobre libertad sindical y N.º 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, ambos ratificados por Argentina. La acción de los sindicatos surge tras la entrada en vigencia del Decreto 341/2025, el cual, según los gremios, ha "desmantelado el sistema de negociación colectiva a nivel nacional para el sector docente". En un comunicado de prensa, UDA y CEA afirmaron que la paritaria docente ha sido "vaciada de contenido, convertida en una figura casi simbólica", señalando que este cambio busca "desactivar los derechos constitucionales y liberar al Estado de la inversión que por ley corresponde". Los sindicatos también han expresado su profunda preocupación por la crítica situación salarial de los docentes. Según indican, "el salario inicial docente permanece congelado en $500.000", mientras que el gobierno se aleja de la inversión educativa que establece la legislación vigente. Esta situación ha llevado a una creciente preocupación entre los educadores, quienes enfrentan un contexto económico adverso. En el comunicado, firmado por Sergio Romero, titular de UDA y secretario de Políticas Educativas de la CGT, y Fabián Felman, secretario general de la CEA, se exigió una "convocatoria urgente a la paritaria, en un marco adecuado y de respeto a las negociaciones colectivas", para evitar que miles de docentes sigan por debajo de la línea de pobreza. La presentación ante la OIT no solo pone de relieve la situación precarizada de los educadores, sino que también alerta sobre una regresión de los derechos laborales en el país. Los líderes de ambos sindicatos enfatizan la necesidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores de la educación, así como de recuperar un sistema de negociación que garantice condiciones dignas para todos los docentes. Este reclamo subraya la creciente disconformidad del sector educativo frente a las políticas del Estado, marcando un llamado a la acción para asegurar que se respeten los derechos laborales y se reactiven las inversiones en la educación, un pilar fundamental para el desarrollo del país.