En ese contexto el Secretario de la Seccional, Puerto Madryn, César Zapata, formalizó la denuncia contra estas empresas por el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. Esta situación ha generado una alarmante incitación a la violencia y alteración de la paz social, poniendo en riesgo los derechos de los marineros. Las empresas denunciadas, tras meses de inactividad pesquera alegando una crisis, han comenzado a convocar a la tripulación, exigendo la firma de una reducción en los valores de producción bajo amenaza de no embarcarlos. Este proceder se califica como un chantaje y extorsión, dado el contexto económico crítico que enfrentan los trabajadores, quienes, tras años de trayectoria a bordo, tienen derecho a pescar según los valores establecidos en los convenios homologados por la autoridad ministerial. En un contexto que debería regirse por la buena fe y el respeto mutuo, ambas partes habían firmado un Acta de Acuerdo el 10 de julio de 2025 en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, donde se comprometieron a mantener prácticas que respeten el marco del CCT. Sin embargo, la actitud de las empresas contraviene este compromiso, provocando una clara violación de los derechos laborales acordados. El SOMU ha dejado claro que deslinda cualquier responsabilidad ante potenciales conflictos que puedan surgir de esta situación y, al mismo tiempo, responsabiliza a las empresas denunciadas.