La crisis universitaria sumó un nuevo capítulo y esta vez con un mensaje directo, duro y sin matices. En un Plenario Nacional de Secretarios y Secretarias Generales, la CONADU resolvió lanzar un plan de lucha de alcance nacional que incluye, como medida central, el no inicio del ciclo lectivo 2026 si el Gobierno no implementa de forma inmediata y total la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso.

La jornada reunió a representantes de 30 gremios docentes de todo el país, quienes coincidieron en que el Poder Ejecutivo empuja al sistema universitario hacia un colapso “de consecuencias irreversibles”. Para la federación, la falta de presupuesto, el deterioro salarial y el congelamiento de la inversión en ciencia forman parte de una estrategia política para “desarmar la universidad pública”.

“Hay una decisión política de quebrar la universidad”

En una declaración cargada de advertencias, el secretario general de CONADU, Carlos De Feo, afirmó:

> “La situación de la universidad es crítica. No es un error administrativo, es una decisión política. Si el Gobierno no ofrece una solución, el desfinanciamiento histórico llevará a una crisis que costará muchos años revertir.”

 

Según la federación, el Gobierno no solo ignora la ley aprobada por el Congreso, sino que además actúa para “bloquear cualquier mecanismo de financiamiento” y “disciplinar al sistema universitario por su resistencia a las políticas de ajuste”.

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Recuadro: Lo que exige CONADU

Implementación plena e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Recomposición salarial urgente para todos los niveles docentes.

Recuperación del presupuesto de investigación y programas de extensión.

Garantía de funcionamiento edilicio y servicios básicos en todas las universidades.

 

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Un 2026 que podría arrancar paralizado

CONADU adelantó que el plan de lucha incluirá movilizaciones nacionales, paros progresivos, plenarios regionales y campañas de visibilización dentro y fuera de los campus. Pero la advertencia principal quedó clara:
si el Ejecutivo no cumple la ley, ninguna universidad del país comenzará las clases.

Los gremios denuncian que la política actual “empuja a las universidades a la marginalidad, a la pobreza estructural y a la pérdida de calidad académica”. También alertan por la posible interrupción de carreras completas, cierre de laboratorios y suspensión de proyectos científicos estratégicos.

“No vamos a permitir que destruyan 100 años de universidad pública”

En otro tramo de su mensaje, De Feo remarcó:

“Quieren una universidad chica, para pocos, sin investigación y sin derechos laborales. No lo vamos a permitir. Si tocan la educación pública, la respuesta será nacional y masiva.”

 

El plenario cerró con un documento que responsabiliza directamente al Gobierno nacional por la crisis y ratifica la voluntad de escalamiento del conflicto si no se cumplen las obligaciones legales.