En ese contexto La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado recibió este martes el Informe 2025 sobre Libertad de Expresión en Argentina, elaborado por FATPREN, FIP Latinoamérica y la UBA. El documento no dejó lugar a dudas: las agresiones sufridas por periodistas, fotógrafos y trabajadores de prensa por parte de las fuerzas de seguridad durante coberturas de manifestaciones aumentaron un 66% respecto de 2024.

 

Cabe destacar que la presentación estuvo encabezada por Zuliana Lainez, vicepresidenta de FIP Latinoamérica; Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Sociales de la UBA; y Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN y referente sindical del sector. Ante la comisión, presidida por la senadora Carolina Moisés se detalló un escenario que los expositores describieron como “una matriz de políticas regresivas y restrictivas”. También expusieron Jorge Sola, cosecretario general de la CGT; Ari Lijalad, Julia Mengolini, Ángela Lerena, secretaria de Relaciones Institucionales de SiPreBA; Víctor Reston, presidente de ARGRA; Diego Morales, del CELS; y Larisa Kejval, directora de la carrera de Comunicación de la UBA.

 

En ese contextoLos especialistas coincidieron en que la situación es crítica: dos años de gobierno de Javier Milei bastaron para profundizar la violencia institucional contra la prensa y deteriorar las condiciones del ejercicio periodístico. “Defender la libertad de expresión ya no es solo una causa de los trabajadores de prensa, es una pelea por la democracia”, remarcaron los expositores. Además coincidieron en qué el relevamiento fue categórico revela que la violencia estatal se volvió parte de la rutina de cualquier cobertura en la vía pública. Golpes, balas de goma, detenciones arbitrarias, amenazas y destrucción de equipos se repiten en cada protesta social. Si antes la prensa era testigo incómoda, hoy es objetivo directo de la represión.

 

 

Cabe señalar que en febrero del año pasado, cuando el Gobierno de Javier Milei estaba en sus primeros meses, las Naciones Unidas y la CIDH ya habían alertado sobre los efectos de la implementación del protocolo antipiquetes a los derechos constitucionales protegidos, también, por la normativa internacional. "La protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, conforme estándares interamericanos de derechos humanos", escribió la CIDH en un comunicado que difundió en las redes sociales en aquel momento.