En ese marco el relato del “déficit cero” tiene un costo concreto y cada vez más evidente. El gobierno de Javier Milei avanza con una reforma laboral que, lejos de ser neutra, provocaría un fuerte recorte en los ingresos de las provincias, profundizando el ajuste que ya sufren desde el inicio de la gestión libertaria. Tras la poda casi total de las transferencias no automáticas, el Ejecutivo ahora pone la mira en impuestos clave para la coparticipación federal, como Ganancias y los impuestos internos.

El resultado sería un nuevo desfinanciamiento estructural de los Estados provinciales. De acuerdo con datos de la AEFIP, el monto comprometido alcanza los 3,2 billones de pesos, equivalentes a 2.240 millones de dólares al tipo de cambio previsto en el Presupuesto 2026. Una cifra que explica por qué crece la alarma entre gobernadores y equipos económicos provinciales. Lejos de afectar solo a las administraciones locales, el recorte impactará directamente en la vida cotidiana de millones de personas: menos recursos para hospitales, escuelas, obra pública, programas sociales y salarios estatales.

Mientras el Gobierno nacional exhibe números fiscales para el mercado financiero, el ajuste se descarga sobre las provincias y los trabajadores. La reforma laboral se consolida así como una pieza central de un modelo que concentra recursos en la Nación y socializa las pérdidas en el interior del país.